¿Qué empresas se privatizaron en Argentina en la decada de los 90?

Argentina

La privatización de los ferrocarriles en Argentina fue un proceso que comenzó en 1993 bajo la presidencia de Carlos Menem, tras una serie de reformas económicas neoliberales. Consistió principalmente en la disolución de la empresa estatal de ferrocarriles argentinos (FA) y en permitir que las antiguas líneas fueran explotadas por empresas privadas en lugar del Estado. Esta política fue muy criticada y resultó catastrófica para los ferrocarriles argentinos, cuyo servicio empeoró significativamente en los años siguientes, con el cierre de líneas enteras y el deterioro irreparable de la infraestructura[1][2][3] La privatización fue finalmente revertida en 2015 con la creación de Nuevos Ferrocarriles Argentinos[4][5].

Desde la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, durante la presidencia de Juan Perón, la red había sido operada por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos (FA) que comprendía las seis divisiones relativamente independientes, Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano y Roca.

Cuando el gobierno del presidente Carlos Menem asumió el poder en 1989, FA tenía un grave déficit económico, sin proyección de inversiones y con una elevada cantidad de cargas sociales adeudadas al Estado. La cantidad de servicios de carga había disminuido considerablemente entre 1970 y 1990, pasando de 13.500 millones de toneladas a 7.500 millones veinte años después, casi un 55% menos. La infraestructura y el material rodante estaban muy deteriorados, a excepción de la red central. La mayoría de las locomotoras y vagones se habían quedado obsoletos, por lo que los costes de mantenimiento también aumentaron. El objetivo era reducir el déficit de FA antes de llevar a cabo una importante reestructuración de la empresa.

Wall Street, el Fondo Monetario Internacional y

A finales de los años 90, las reformas neoliberales y favorables al mercado que habían arrasado en América Latina a principios de esa década eran cada vez más decepcionantes. El crecimiento sostenido no se materializó, la desigualdad de ingresos y el desempleo a menudo empeoraron, y políticas económicas clave como la privatización, la liberalización del comercio y la desregulación del mercado se vieron empañadas por la corrupción y el capitalismo de amiguetes. Y lo que es peor, México (1995), Brasil (1998) y Argentina (2002), que habían sido los símbolos de esas reformas, sufrieron graves crisis económicas, lo que arrojó serias dudas sobre la solidez de los consejos políticos pro mercado.

Sin embargo, también hubo diferencias significativas entre la nueva izquierda de América Latina. Según Flores-Macías (2010), los rasgos distintivos de las políticas populistas de izquierda fueron las renacionalizaciones, los controles de precios, la reforma agraria, el impago de la deuda, la revocación de la autonomía del Banco Central y los controles de capital. En cambio, los gobiernos socialistas de Chile, Uruguay y Brasil evitaron la mayoría de estas medidas, o todas ellas, aunque optaron por un enfoque estatista para lograr fines similares.

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La privatización del agua en Metro Manila comenzó cuando el entonces Presidente de Filipinas, Fidel Ramos, dio instrucciones al gobierno en 1994 para que resolviera lo que él llamaba la crisis del agua en Manila mediante la participación del sector privado. En 1997, se adjudicaron dos contratos de concesión para las mitades oriental y occidental de Metro Manila tras un concurso abierto. Las concesiones representan la mayor población atendida por operadores privados en el mundo en desarrollo[1]: 114 [verificación fallida] Las dos empresas ganadoras, Maynilad Water Services en el oeste de Manila y, sobre todo, Manila Water en el este, presentaron ofertas con tarifas de agua extremadamente bajas. Las tarifas resultaron ser demasiado bajas para financiar las inversiones necesarias para mejorar el rendimiento, especialmente después de la crisis financiera de Asia Oriental y la devaluación del peso filipino.

Maynilad amplió el acceso, pero al no poder reducir las pérdidas de agua dejó de pagar los derechos de concesión al gobierno y quebró en 2003. El gobierno se hizo cargo temporalmente de ella, la vendió a nuevos inversores en 2007 y su rendimiento ha mejorado desde entonces. Manila Water tuvo problemas al principio, pero aumentó su tasa de rendimiento contractual mediante un arbitraje en 1998, mejoró su rendimiento y en 2003 la Corporación Financiera Internacional (CFI) concedió un préstamo y tomó una participación en la empresa, a lo que siguió una oferta pública inicial (OPI) de acciones en la bolsa de Manila en 2004 y la venta de bonos en moneda local en 2008.

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Argentina experimentó graves dificultades económicas y financieras en la década de 1980. La hiperinflación de 1989-90 provocó finalmente el consenso político necesario para la reforma. A pesar de los aspectos preocupantes, las reformas estructurales aplicadas en la década de 1990 han situado a Argentina en la senda del crecimiento sostenido.

A la economía argentina le fue mal durante la década de 1980, cuando la primera crisis de la deuda estaba en pleno apogeo. El crecimiento de la producción real se estancó, los mercados financieros se hundieron, los precios subieron mientras la moneda se depreciaba constantemente y los capitales huyeron del país en busca de refugios más seguros. La mayoría de las empresas públicas registraban grandes déficits y la deuda externa seguía aumentando. El gobierno central, obstaculizado por la baja recaudación de impuestos y desesperado por obtener ingresos, recurrió al banco central para financiarse mediante la imposición de depósitos y la creación de dinero. La inflación, que había aumentado gradualmente durante las tres décadas anteriores, se disparó, alcanzando tasas medias anuales del 2.600% en 1989 y 1990. Ante esta situación, el sistema bancario prácticamente desapareció. Aunque intentó varias veces controlar la inflación, el gobierno central no pudo equilibrar su presupuesto ni dejar de depender de la financiación inflacionaria. La hiperinflación de 1989 y 1990 proporcionó finalmente el impulso para la reforma, que comenzó con el Plan de Convertibilidad de 1991.